En medio de la discusión para postergar la aplicación de la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas, que beneficiaría a unos 300 intendentes e intendentas tanto del peronismo como de la oposición, el radicalismo cordobés busca avanzar en una reforma electoral para habilitar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia. Esa sería su moneda de cambio para apoyar la iniciativa que impulsa el schiarettismo y que llegaría a la Legislatura provincial recién en 2022.
La prórroga para la ley que les pone un límite a las reelecciones formaba parte de la agenda de conversaciones informales en la previa a la elección legislativa y se aceleró en las últimas semanas, especialmente, porque la normativa también alcanza a los miembros de la Unicameral. El tema preocupa tanto a Hacemos por Córdoba (HxC) como al radicalismo. Sin embargo, el oficialismo recibe más presión de los jefes y las jefas comunales para modificar ese artículo de la Ley Electoral provincial.
Ante este escenario, el bloque de legisladores y legisladoras de Juntos UCR quiere poner sobre la mesa otro tema importante de cara a las elecciones de 2023: las PASO. Córdoba es uno de los 12 distritos que no se sumaron a la ley nacional que, en 2009, estableció el mecanismo abierto de selección de candidaturas. En las ultima elecciones, el peronismo provincial supo sacar provecho de esa situación en medio de los reiterados desacuerdos opositores que facilitaron los planes electorales oficialistas. De hecho, en 2019, Juan Schiaretti fue reelecto gobernador con más del 54% de los votos cuando JxC compitió con dos listas, una encabezada por Mario Negri y otra que llevó como candidato a Ramón Mestre.
Las recientes elecciones legislativas reacomodaron las lecturas opositoras. Sin acuerdo en la conformación de las listas, las aspiraciones personales se dirimieron en una interna abierta en septiembre. Aún con las diferencias sin saldar y con cuitas internas por resolverse, la primaria acomodó las candidaturas y el proceso fue la garantía de la unidad que se garantizó hasta el 14 de noviembre con otro resultado histórico. Juntos por el Cambio obtuvo más del 54% de los votos y le sacó 30 puntos de ventaja al oficialismo provincial.
“Córdoba tiene una pésima calidad institucional: no hay PASO, se modifican normas electorales a gusto del oficialismo, no hay diálogo político, la Justicia está cooptada por Hacemos por Córdoba, no funciona en Consejo de Partidos Políticos y la Unicameral marcha al antojo del gobierno”, dijo el legislador Dante Rossi al momento de presentar la iniciativa que, puertas adentro, también busca ganar terreno como “moneda de cambio” para otras reformas.
Si bien la abrumadora mayoría legislativa oficialista en la Unicameral provincial permitiría a Hacemos por Córdoba avanzar con sus iniciativas, el perfil de los cambios con los que se quiere avanzar necesitaría algún tipo de consenso que sostengan políticamente la “legitimidad” de la decisión. Al menos eso entienden desde el peronismo provincial.
La prohibición para la re-reelección de intendentas e intendentes desvela al oficialismo, que ve en esa imposibilidad otro obstáculo que podría jaquear sus chances electorales del 2023. El fin de era de algunos viejos caudillos territoriales del interior obligaría a Hacemos por Córdoba a acelerar un proceso de renovación que, tras los resultados de las legislativas, deberá enfrentar desde un lugar de desventaja en relación a la oposición, a la que consideran envalentonada.
“El problema es que en los pueblos más chicos, a veces es muy difícil encontrar a vecinos que se interesen y se comprometan con lo que representa la función pública”, dice uno de los intendentes peronistas que, si bien está de acuerdo con que los cargos electivos tengan un límite de ocho años, como lo establece la actual normativa, no ve con malos ojos que se avance en una reinterpretación de la norma que permita una reelección en el 2023.
Esa es la posibilidad que por estas horas cobra mayor fuerza. No se avanzaría sobre una modificación de la ley sino que se impondría un criterio de relectura para que el primer mandato a considerarse sea el que comenzó en el 2019 y no el que transcurría cuando la ley fue sancionada por la Legislatura, en 2016.
Política y estratégicamente, no es un tema que solo preocupa a los peronistas, que son los que ostentan hoy la mayor cantidad de municipios. El radicalismo y el vecinalismo también entienden que acelerar cambios territoriales puede generar algún tipo de dificultas en la estrategia electoral futura. En ese marco, la expectativa por la decisión, que hasta el momento “se conversó en ámbitos informales”, fue creciendo a lo largo de las últimas semanas.
Ahora, el radicalismo tiene una carta de negociación legislativa que los peronistas deberán analizar, aunque los primeros indicios no son positivos. Al día siguiente de la presentación de la UCR en la Unicameral, el bloque de Hacemos por Córdoba hizo lo propio para eliminar las primarias en una de las pocas localidades en las que estaban instauradas: Alta Gracia. La cabecera del departamento Santa María es actualmente gobernada por Marcos Torres Lima, hermano del ministro de Gobierno, Facundo Torres Lima, quien además el es principal nexo entre la provincia y los municipios.
Entre los argumentos del oficialismo, se señala que en las últimas elecciones solo un partido había utilizado la herramienta, que terminaba representando una erogación demasiado costosa en relación con su utilidad. Ese partido, es el radicalismo.
Publicado en LetraP
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