Por Laura Serra

Vetusto, arcaico, oneroso, poco transparente. Un vasto sector de la sociedad civil, de la Justicia y de la dirigencia política no ahorran críticas a la hora de cuestionar nuestro sistema de votación y su más polémico instrumento, la boleta múltiple partidaria. Un sistema que el mundo del siglo XXI dejó atrás hace tiempo y que solo dos países de América Latina –la Argentina y Uruguay– se obstinan en mantener vigente como si fuese una reliquia.

Si bien la mayoría de los dirigentes políticos declaman a viva voz la necesidad de instrumentar un sistema de votación ágil, transparente y moderno, en los hechos el Congreso nunca modificó la legislación vigente

¿Por qué nuestro país se empecina en preservar –y se apresta a aplicar en las próximas elecciones– un sistema de votación que ha demostrado echar más sombras que luces sobre la transparencia electoral? La pregunta surge del sentido común, pero la respuesta parece atentar contra el menos común de los sentidos. Porque si bien la mayoría de los dirigentes políticos declaman a viva voz la necesidad de instrumentar un sistema de votación ágil, transparente y moderno, en los hechos el Congreso nunca modificó la legislación vigente y mantuvo el statu quo imperante. Todo se reduce, una vez más, a una cuestión de dinero y de poder: las boletas partidarias les garantizan a las oligarquías dominantes de los partidos mayoritarios –esa elite que el sociólogo y politólogo alemán Robert Mitchels desenmascaró en su siempre vigente “ley de hierro de las oligarquías”– recursos millonarios del Estado y un manejo clientelar sobre el electorado.

En efecto, en cada elección el Ministerio del Interior distribuye entre todos los partidos políticos millones de pesos para la impresión de sus boletas partidarias: este año ese gasto alcanzaría la friolera de $3000 millones, lo que equivale a la compra de más de 3 millones de vacunas o pagar 600 mil Asignaciones Universales por Hijo (AUH).

No es solo económico el costo de reincidir, en cada elección, con las boletas partidarias: este también se mide en términos institucionales. El sistema actual, por el cual cada partido es responsable de confeccionar, imprimir y distribuir su boleta, así como de garantizar su presencia en los centros de votación, facilita que las maquinarias partidarias, sobre todo las más aceitadas, incurran en prácticas clientelares, por ejemplo, por medio del llamado “voto cadena”. Otro hábito recurrente es el robo y el ocultamiento de boletas; aquí sus víctimas son los votantes, cuyo derecho a elegir resulta vulnerado, como así también aquellas agrupaciones que, por no contar con una fiscalización adecuada, ven afectadas las posibilidades de sus candidatos a ser elegidos.

Otro de los defectos que se le achaca a la boleta partidaria es la de facilitar el “efecto arrastre”: este consiste en que el ciudadano, a la hora de votar un determinado cargo, de manera consciente o inconsciente extiende su decisión a los demás cargos que acompañan la boleta. Las fotografías y los colores que los partidos imponen en sus papeletas son claves para inducir la elección del votante, a veces de manera engañosa. Por caso, en Santiago del Estero la boleta del Frente Cívico solo lleva la fotografía del gobernador Gerardo Zamora cuando, en realidad, este se postula a tercer diputado suplente. Pero estas “picardías” no son privativas del oficialismo; en la Capital, la lista “Adelante Ciudad” que encabeza el radical Adolfo Rubinstein incluye en la foto a un sonriente Beto Brandoni, pese a que el conocido actor ocupa recién el decimotercer puesto en la nómina y difícilmente logre ocupar una banca en la Cámara Baja.

La boleta única

Frente a un sistema de votación amañado y que demostró ser permeable a tantas argucias de las maquinarias partidarias, los expertos en el tema coinciden en impulsar como alternativa la boleta única, utilizada en más del 90% de las democracias en el mundo. Se trata de un modelo de boleta en la cual todas las opciones en una elección son presentadas al votante en una misma papeleta y, por lo tanto, no hay boletas diferentes por cada partido o candidato. La principal ventaja que introduce la boleta única, más allá de sus variantes y diseños específicos, es que esta es impresa y distribuida por la autoridad estatal y ya no por cada uno de los partidos políticos; de esta manera, se le garantiza al votante la libertad de sufragio y, en consecuencia, quedan neutralizados los intentos de coacción y manipulación por parte de las agrupaciones políticas.

En la Argentina, a nivel nacional se utiliza la boleta única en papel (BUP) para el voto de los electores argentinos residentes en el exterior y para los privados de libertad en unidades penitenciarias. A nivel provincial, esta modalidad se instrumenta desde 2011 en Córdoba y Santa Fe para la elección de sus representantes locales, mientras que en Salta, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires se utiliza la boleta única electrónica (BUE). Estas experiencias han sido exitosas tanto en términos de asegurar la confianza de los ciudadanos como de ofrecer resultados con celeridad y sin controversias reales.

A la hora de enumerar las bondades de la boleta única, los expertos coinciden en las siguientes:

. Garantiza una oferta electoral completa y, por lo tanto, asegura el derecho a elegir y a ser elegido. Se acaba la práctica de robar u ocultar boletas en el cuarto oscuro, y las agrupaciones ya no necesitarán de una legión de fiscales para cuidar a sus candidatos.

. Ataca las prácticas clientelares, ya que los partidos políticos no contarán con boletas partidarias propias a distribuir con antelación a los comicios y utilizarlas para el intercambio de favores por votos, por ejemplo, a través del llamado “voto cadena”.

. Termina con el negocio de la impresión de boletas, pues los partidos dejarán de recibir suculentos fondos de las arcas públicas para imprimir millones de papeletas, a razón de dos veces y medio el padrón electoral por cada agrupación. Con la boleta única esta tarea recae sobre el Estado, que imprime un número de boletas apenas superior al padrón de cada distrito.

. Garantiza la equidad entre los competidores, ya que todas las agrupaciones cuentan en el nuevo sistema con un espacio y visibilidad equivalentes. También se acaba la disputa entre los fiscales de los partidos para poner la boleta de sus candidatos en el lugar más visible dentro del cuarto oscuro.

Demora inexplicable

Pese a las notorias ventajas que ofrece esta modalidad de votación, el Congreso demora inexplicablemente su debate. En 2016, el presidente Mauricio Macri, entusiasmado con la receptividad que tuvo entre los porteños la boleta única electrónica en las elecciones del año anterior en la Capital, pretendió instrumentar este sistema a nivel nacional; sin embargo, por pecar de ambiciosa, la reforma naufragó en el Senado en medio de discusiones sobre las posibles vulnerabilidades tecnológicas del sistema.

“El nuestro es un sistema permeable a las argucias de las maquinarias partidarias”

“Aquella reforma proponía un sistema de boleta única electrónica pero no contaba con un ‘plan B’ para el caso de no contar con el consenso suficiente en el Congreso –advierte Ricardo Dalla Via, juez de la Cámara Nacional Electoral–. Nadie niega la velocidad que ofrece un sistema de votación electrónica, pero la celeridad no es un valor que figure en la Constitución. Allí están legisladas la justicia, la igualdad y la seguridad. Estos son los valores que debemos asegurar antes que nada en un proceso electoral. Con el voto electrónico el problema es que genera la engañosa imagen de transparencia por sí misma. Por eso la mayoría de los países europeos no la usan, o bien los que lo usaron ya lo sacaron. La magia no está dada por una máquina.”

En 2019 la gestión macrista volvió a la carga con una nueva propuesta, esta vez bajo la forma de la boleta única de papel, la modalidad que reunía el mayor consenso. Pero fue demasiado tarde: la oposición peronista-kirchnerista en el Congreso, que intuía su retorno al poder, cajoneó la iniciativa. Así, el gobierno de Macri fracasó en lo que pudo haber sido su mayor aporte a una reforma político electoral seria.

El frustrado debate parlamentario dejó, no obstante, varias enseñanzas que un grupo de ONG y de legisladores de todo el arco político pretenden capitalizar para reimpulsar la boleta única el año próximo, con vistas a instrumentarla en las elecciones presidenciales de 2023. La Cámara Nacional Electoral, que desde 2009 pregona la necesidad de que el Congreso considere la sustitución de las boletas partidarias por la boleta única, sigue atenta el proceso. El planteo está instalado; solo la voluntad política de los partidos mayoritarios podrá trocar la declamación retórica en una reforma concreta.

De dar este paso, nuestra democracia habrá logrado dejar atrás una historia de vicios e irregularidades para iniciar un camino más seguro y cristalino en materia electoral. Ya lo dijo Ortega y Gasset: “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Si el régimen de comicios es acertado, si se ajusta a la realidad, todo va bien; si no, aunque el resto marche óptimamente, todo va mal”.

Hay consenso para pasar al modelo de boleta única en los comicios de 2023

Un proyecto para modificar el sistema electoral actual presentado en el Congreso por todo el arco político espera ser tratado tras las legislativas

Un nutrido grupo de dirigentes de todo el arco político, reunidos en la fundación Red de Acción Política (RAP), presentaron en ambas cámaras del Congreso un proyecto de ley que apunta hacia un mismo objetivo: modificar el sistema actual de votación de boletas múltiples partidarias para instaurar, en todo el país, la boleta única.

Acompañados por distintas ONGs –entre ellas Cippec y Poder Ciudadano– este grupo, integrado por 180 dirigentes partidarios del oficialismo y de la oposición, se atreven a desafiar con esta iniciativa conjunta la grieta que hoy divide a la política argentina.

“Podemos demostrar que es posible construir acuerdos transversales –destaca Alan Clutterbuck, director de RAP–. Hemos dialogado con toda la comunidad política y articulamos un colectivo en el que también participan referentes de la sociedad civil y del empresariado, que se propuso como objetivo impulsar la reforma del sistema de votación actual con vistas a las elecciones presidenciales de 2023. Como primer paso buscamos instalar la boleta única en la agenda pública y, acto seguido, se presentó el proyecto de ley en ambas cámaras.”

Clutterbuck enumera las bondades de la boleta única: la transparencia, el ahorro económico y la equidad en la competencia electoral. “Es, sobre todo, un sistema mucho más sustentable, ya que ayuda a la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático al reducir sustancialmente el uso de papel, ya que con el sistema anterior en cada elección se imprimen millones de boletas que terminan en la basura”, advierte.

El proyecto presentado en el Congreso lleva la firma de 23 legisladores nacionales de distintos bloques; se lo debatió durante un año y si bien entre ellos había preferencias diversas con relación al tipo de boleta única a utilizar (según las experiencias de Salta, Santa Fe y Córdoba), se acordó trazar los lineamientos generales del nuevo sistema a instrumentar para que luego sea el Congreso el que defina su modalidad final.

“La boleta única papel resultaría en una mejora cualitativa del sistema electoral argentino –enfatizaron los legisladores firmantes del proyecto–. Le asegura al ciudadano que podrá elegir a la persona o partido que quiera votar, ya que le entregan una boleta donde figura toda la oferta electoral para que pueda marcar allí su preferencia. Se acaban con la boleta única la destrucción, adulteración, los faltantes y el robo de boletas y las prácticas como el denominado ‘voto cadena’. Se reducen, además, los esfuerzos que deben hacer los partidos minoritarios en la tarea de fiscalización.”

“Estamos convencidos de que, además de contribuir a tener un sistema electoral más transparente, eficiente y equitativo, esta iniciativa plural sería tomada positivamente por la sociedad en su conjunto –aseveraron-. Será una muestra de que, aún en un país con altos niveles de confrontación, es posible que políticos de diferentes partidos podamos dialogar, trabajar en forma conjunta y generar acuerdos básicos que propicien el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones”.

Además de esta iniciativa presentada con el auspicio de RAP, en el Congreso están pendientes de tratamiento otra veintena de proyectos de ley que van en similar sentido. A principios de este año el bloque de diputados de Consenso Federal primero, y Juntos por el Cambio después, reclamaron que la Cámara de Diputados inicie el debate. El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, respondió que, tratándose éste de un año electoral, iba a ser materialmente imposible instrumentar semejante cambio con tan poco tiempo de antelación a la fecha de los comicios y propuso postergar el debate para el año próximo. La oposición tomó nota: difícilmente la dirigencia política y el Gobierno podrán escabullirse de la presión que la sociedad civil ya comenzó a ejercer.

Redacción Electoral
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