Por Ricardo Kirschbaum

De pocas cosas se puede estar seguro en el país, pero al menos hoy hay una: que ya antes de estas PASO había un convencimiento de que el Gobierno está obligado a hacer cambios y que estos se producirán luego de las elecciones de noviembre. Los resultados de la gran encuesta de hoy pueden influir en la profundidad y en el rumbo de las modificaciones en las que Fernández pone en juego el resto que le queda. En otras palabras, si maneja la recomposición o si le “intervienen” el Gobierno. No se está hablando sobre si se quedan en el Gabinete Frederic o Soria, para hacer algunos nombres -cuya presencia o ausencia pasaría desapercibida en cualquier paisaje si no fuera por su desubicación permanente- sino sobre la orientación principal.

Todas las miradas se posan sobre Martín Guzmán, que tampoco tiene mucho para mostrar pero que sigue empeñado en negociar con el Fondo Monetario, apoyado por el Presidente y por Sergio Massa, que también interviene.

La novedad sería que el memorándum de entendimiento se firmaría en octubre y el acuerdo, en diciembre. El núcleo sería exigencia de superávit comercial y equilibrio fiscal, a cambio de una baja de la tasa de interés, la que por otra parte se bajaría en general para todos por la pandemia. Habrá protestas en el propio oficialismo, muchas de forma, pero los protagonistas principales respirarán aliviados si se obtiene.

El segundo tema en el que se trabaja en las sombras es un régimen legal para los planes para volver a hacer obligatoria la retribución laboral y educativa, creando un sistema de contratación que no afecte la contribución estatal y, a la vez, que alivie cargas sociales a los empresarios que adhieran al sistema. Del desbarajuste con los planes en el Gobierno acusan a Carolina Stanley, ex ministra de Macri, por aumentar muchísimo la cantidad de planes para tratar de acercar en ese entonces al Movimiento Evita, y a Daniel Arroyo, por ceder a las presiones de la izquierda. El proyecto, más allá de su factibilidad, apunta a devolverle al Estado su manejo que, según esas fuentes, pasó a manos de las mismas organizaciones que reclaman más ayuda. ¿Es una necesidad política, un planteo del FMI, o ambas cosas? La resistencia que puede despertar este ordenamiento pondrá a prueba la voluntad política del Gobierno de intentar romper la cristalización de la pobreza, una forma de “racionalizar” la resignación ante el agudo declive social.

Para dar estos pasos, el oficialismo precisa tentar a la oposición con acuerdos. Su factibilidad dependerá de los resultados de hoy y de noviembre. Posiblemente el Gobierno pierda senadores, pero no el control de la Cámara: sus aliados darán el número necesario para el quórum. Si así fuera, esa situación puede ser mucho más onerosa para el oficialismo. Como tampoco se espera un cambio drástico en la composición de Diputados, la iniciativa de tentar acuerdos, como por ejemplo sobre el nivel que puede endeudarse el país, dependerá de la fortaleza del Gobierno.

Es aquí donde los cambios en el Gabinete tendrán una influencia decisiva. Y el poder con que emerja la oposición, también.

El oficialismo espera un estrecho triunfo nacional hoy por el aporte de sus aliados, aunque éstos no repetirían los resultados de 2019. Temen que, en Buenos Aires, que Cristina considera propia, haya sorpresas desagradables. Descartan que en Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Capital y, tal vez, Santa Fe, la oposición obtendrá una clara diferencia.

Las PASO difícilmente ofrezcan respuesta al interrogante de que Cristina podría allanarse a cambiar su receta, ni aun viendo que ésta es ineficiente. Fernández ha contribuido también a la poca eficacia. Pero no se sabe cuánto realmente ha podido. El Presidente es el más ansioso en el Gobierno por ver los números y en ellos su futuro. Larreta y Macri, también.

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